La Justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal de este recurso. La irregularidad permitió acceder a datos biométricos de millones de personas sobre las que no recaen búsquedas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
La decisión fue tomada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien también ordenó una serie de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1.100, del barrio de Barracas.
En la resolución, Gallardo marcó haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre otras personalidades públicas.
Cabe destacar que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) únicamente si se trata de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que son unas 40.000.
