En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno confirmó que las tarifas de los servicios públicos de luz y gas ascenderán de acuerdo a la evolución de los salarios para los usuarios residenciales. También definió una reducción de subsidios para determinados consumidores.

Al respecto, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti comunicó que el acuerdo con el Fondo implica “lograr tarifas razonables y con criterios de ser aplicadas a los servicios de gas y electricidad”. También detalló que, para los usuarios residenciales, se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, “frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior”.

En esa línea, la funcionaria agregó: “Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios”, argumentó Cerruti.

Luego, explicó que la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate:

1) Usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago.

2) Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40 por ciento del CVS del año anterior.

3) Para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 por ciento del CVS correspondiente al año anterior.