El Gobierno bonaerense imputó a Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en los envíos.

De acuerdo al Ejecutivo provincial, el accionar de ambas empresas de delivery viola la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

A raíz de ello, les aplicó multas por más de 400 millones de pesos.

Previamente, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense realizó un relevamiento en el que constató que las dos firmas cobran un cargo extra denominado “tarifa por servicio”.

Esta categoría funciona a la par del gasto por envío que exigen las compañías mediante sus plataformas digitales.

A priori, se trataría de un “costo” adicional empresario que se traslada a los consumidores, sin que Rappi ni PedidosYa brinden información detallada y precisa respecto al motivo ni la composición de esa tarifa.

De esta forma, obligan a los usuarios a pagarla para finalizar la compra, ya que no permiten rechazar ese cargo, según sostiene el Gobierno bonaerense.